La «grave» situación de violación de derechos humanos que se vive
en Ruanda y Burundi es el mensaje que transmitieron las
representantes del Secretariado Internacional de Amnistia
Internacional, Alison Adilwort y Carina Tertsakian, y los
burundeses en el exilio Emmanuel Ntakarutimana y Albert Mbonerane
al presidente del Govern, Francesc Antich.
El presidente del Ejecutivo balear, acompañado de los consellers
Eberhard Grosske y Fernanda Caro, recibieron en audiencia ayer a
una delegación de la Red Internacional por la paz y el respeto de
los derechos humanos en Burundi, de la que forma parte, además de
las personas anteriormente mencionadas la ONG mallorquina Veïns
sense Fronteres. Los miembros de esta delegación explicaron la
naturaleza del conflicto que sufre la región de los Grandes Lagos.
Dejaron claro que «no se trata sólo de un conflicto étnico, sino
político, de lucha por el poder, que quien lo ostenta utiliza a las
etnias en interés propio, por lo que se trata de una lucha de
élites y de un conflicto regional».
Alison Adilwort y Carina Tertsakian, responsables de la
realización de los informes de Amnistia Internacional sobre Burundi
y Ruanda, respectivamente, trasladaron su preocupación por la
«grave» situación de violación de derecho humanos en la zona, en
especial la situación de los presos políticos y de los condenados,
y por la impunidad de quienes están cometiendo crímenes contra la
Humanidad. También, calificaron de preocupante la situación de las
320.000 personas confinadas a las afueras de Bujumbura, que
representan el 80% de la población rural, en los que definieron
como «campos de la muerte» y «campos de refugiados forzosos».
Las dos miembros de Amnistia Internacional pidieron al Govern
que «no se dejen engañar por simplificaciones del conflicto y
busquen información verídica».
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