El anteproyecto de ley de consells insulars que han consensuado los
firmantes del Pacte de Progrés suprime la constitución de las
comisiones insulares de urbanismo y patrimonio y deja la gestión de
estas dos materias en manos exclusivas de los respectivos
consellers responsables.
La supresión de estas dos comisiones, que garantizaban la
pluralidad y la transparencia en las decisiones del Consell al
tratarse de reuniones públicas, se consagra a través de la
derogación de una serie de artículos de las leyes de traspaso de
competencias a los consells. El anteproyecto que presentó la pasada
semana el conseller de Presidència, Antoni Garcías, incluye una
amplia disposición derogatoria por la que queda sin efecto
cualquier ley que contravenga lo que dispone el nuevo texto.
Sin embargo, específicamente el proyecto deroga «de manera
especial», como dice textualmente, una serie de artículos de las
diversas leyes de traspasos de competencias. Además de la
eliminación de las comisiones insulares y sus respectivas ponencias
técnicas, las disposiciones derogatorias implican además que los
posibles recursos que se presenten en ambas materias serán
resueltos por los órganos de gobierno sin necesidad de llegar al
pleno del Consell.
Por lo que respecta a la posibilidad de imponer sanciones, las
disposiciones derogan que las sanciones las imponga la presidenta,
en caso de sanción leve, o el pleno del Consell, en caso de sanción
grave, pero no determinan de quién será a partir de entonces la
facultad de sanción. Estas disposiciones derogatorias afectan a los
traspasos de competencias en materia de urbanismo, régimen local,
patrimonio histórico, actividades clasificadas, ordenación
turísticas (sólo para Menorca y Eivissa) y menores.
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