De nuevo el juez Baltasar Garzón tiene la capacidad de lanzar a
la opinión pública una bomba de relojería que, a la larga, veremos
si explota o no. Se trata nada menos que de solicitar al Tribunal
Supremo "competente en esta materia" su opinión sobre la
posibilidad de que Felipe González pueda estar implicado en la
creación de la banda terrorista GAL. El tema es tan viejo como
polémico y lo cierto es que en un país democrático, como el
nuestro, que ha dejado atrás "olvidados y perdonados" cuarenta años
de represión, de dictadura y de dolor, no puede permitirse volver a
enterrar asuntos negros como éste que vuelve ahora a salir a
flote.
Han pasado ya muchos años, 16, desde que en 1983 alguien "el
señor X" decidió que la forma más eficaz de combatir el terrorismo
etarra era con sus mismas armas y, con un grupo de aliados, fundó
una nueva banda contraterrorista. El hecho podría ser un delito
común si el misterioso señor X fuera un ciudadano común, anónimo,
con ganas de revancha, tal como quieren creer algunos. Pero si se
da la circunstancia "como parece que sospecha Garzón" de que el
fundador de los GAL procedía del Gobierno y que hay una estructura
de arriba abajo, tal vez desde la misma Presidencia, entonces el
asunto es infinitamente más grave.
Estamos a punto de asistir al juicio por el macabro caso de Lasa
y Zabala "víctimas del GAL" y no está de más la acción de Garzón si
sirve para delimitar responsabilidades. Sin embargo, vistos los
antecedentes, todo parece indicar que el Supremo se deshará del
tema aduciendo que no hay suficientes pruebas para involucrar al ex
presidente. ¿Será entonces que lo único que persigue el famoso
magistrado es dar un paso más en su carrera contra el felipismo a
unos pocos meses de las elecciones?
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