P. Candia12/11/99 0:00
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Los directivos de GESA-Gas, José Bosch y Antonio Cañellas, confirmaron ayer que la empresa prescindirá de los gasómetros ubicados en Son Molinas, lo que, afirmaron, «mejorará el entorno medioambiental de una zona palmesana de gran aumento vegetativo». Para ello, la compañía mallorquina está «elaborando los estudios técnicos y de seguridad para solicitar los permisos correspondientes ante los organismos competentes. Solamente dejaremos los edificios necesarios para que nuestro personal pueda ejercer la actividad de distribución».

También, en un futuro próximo, la red del nuevo gas se extenderá hacia los municipios de Marratxí y Calvià y a las zonas de Gènova, Marivent, Cala Major y Sant Agustí. A medio plazo, y con la llegada del gas natural a la isla, está previsto formar «ejes» de distribución que conducirán el producto a Alcúdia, Andratx y Manacor. Bosch informó que, según las previsiones de la compañía, la introducción del gas natural en todo el territorio insular mallorquín podría realizarse en el año 2005.

También anunció el fin de la operación de cambio de gas en Palma que, junto al cambio de red, ha supuesto un coste de 8.500 millones en los últimos 14 años.

«Lo primero que hay que conseguir, con el esfuerzo de la sociedad mallorquina es que llegue el gas natural aquí, para luego acometer los estudios para encontrar la solución más efectiva en las otras islas», dijo el director de GESA-Gas.

Destacó la apuesta de las administraciones central y autonómica por el gas natural «pese a las dificultades, que son salvables» y anunció para el mes de junio del año 2000 la presentación de datos para que el Govern pueda adoptar una decisión sobre la ubicación de la planta regasificadora de gas natural «que es la más conflictiva».

«El equipo de trabajo formado por el Govern balear, GESA y Gas Natural que estudia las alternativas técnicas y de ubicación trabaja en esa dirección», dijo Bosch. La planta podría construirse en tres años. Respecto al cambio de gas en la ciudad de Palma, Bosch explicó que ha afectado a 67.031 clientes y quedan pendientes otros 5.620 por ausencia de sus domicilios o carecer de instalaciones adecuadas.