La cúpula de Inverbroker, sobre cuyas bases se creó Brokerval,
la quebrada ex agencia de valores mallorquina, y que destapó lo que
hasta ahora constituye el principal escándalo financiero-político
de las Islas, el «caso túnel de Sóller», dio un suspiro de alivio
tras escuchar, ayer por la tarde, la resolución del tribunal.
«Esta extinguida la responsabilidad criminal del delito fiscal
cometido por los acusados en 1989 y no se les puede perseguir
penalmente. Contra esta resolución cabe un recurso de casación ante
el Tribunal Supremo», dijo la secretaria de la Sala al leer el
dictamen de los magistrados, presididos por Siro García.
El tribunal sí se había declarado competente para juzgar el caso
-en contra de los que alegaron con insistencia los ocho abogados
defensores que intervinieron ayer- pero esa cuestión resultó
irrelevante al aplicar el instituto de la prescripción. Esta figura
procesal ya salvó en su momento a los acusados en dos casos de gran
relevancia en Balears, «caso Túnel» y « caso Calviá». Por esa misma
regla, la resolución de la Audiencia Nacional también tendrá una
importancia clave en el juicio pendiente en Balears en contra de
los ex administradores de Brokerval.
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