Una delegación de la Asociación de Transportistas de Escombros de
Mallorca se entrevistó ayer con la presidente de EMAYA, María
Crespo, para solicitarle una licencia de actividades que les
permita realizar su actividad amparados en el «marco legal
preceptivo», según explicó a este diario un portavoz de la
patronal. Los transportistas, que iniciaron una ronda de
conversaciones con las instituciones públicas para conseguir unos
terrenos donde vaciar los escombros, han incrementado las medidas
de presión tras depositar el pasado martes más de 50 contenedores
frente a la sede de la Conselleria d'Medi Ambient.
La respuesta de Crespo a las peticiones de la patronal fue que
el terreno no puede estar situado en suelo urbano, pero sí en una
superficie calificada de actividad rural. «Si eso ocurre, Cort no
puede otorgar la licencia de actividades hasta que el Govern o el
CIM no procedan a recalificar esos terrenos y los convierta en
terrenos de interés general», explicó la presidenta de EMAYA.
Según las primeras estimaciones, el medio centenar de
contenedores depositados en las Avenidas en señal de protesta por
lo que consideran «nula» respuesta de las instituciones a sus
demandas contienen unos 2.000 toneladas.
Los transportistas hicieron uso de la cantera de Can Ramis en
Llucmajor poco antes del verano, una vez que alcanzaran un acuerdo
con los propietarios para el vertido de escombros. Desde la
Conselleria se insistió en la irregularidad de esta actuación, y
sus responsables esperaban que la situación se legalizara «a la
brevedad posible». La Asociación de Transportistas instaló la
maquinaria en Can Ramis para proceder a la separación y selección
de los escombros, los únicos materiales que podían ser vertidos en
la cantera para proceder a su recuperación.
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