El PP anunció ayer que estudia la posibilidad de presentar una
querella contra el Govern por falsedad en documento público al
entender que existen sospechas y dudas razonables de que el
Ejecutivo modificó la ley de medidas urbanísticas urgentes tras su
aprobación en el Consell de Govern. El PP considera que la
disposición final del texto, en la que se fija la entrada en vigor
de la ley al día siguiente de su publicación en el Boletín de la
Comunitat, no constaba en el texto original aprobada por el
Ejecutivo en su reunión del pasado viernes.
El Govern balear negó ayer rotundamente que se hayan producido
modificaciones en el texto original y retó a los populares a que
presenten la querella, si así lo consideran. Sin embargo, a pesar
de esta aparente tranquilidad, algunos socios del Govern consideran
que el método elegido para tramitar el proyecto, por vía de
urgencia, no es el más adecuado.
A la manifiesta oposición de UM se sumó ayer la voz crítica del
PSM. El portavoz de los nacionalistas en el Parlament, Antoni
Alorda, expresó ayer su descontento en la Junta de Portavoces por
la tramitación urgente de este ley, pese a que precisó que su
partido votaría a favor. Tampoco en algunos sectores de los
socialistas ha gustado nada que una ley de estas características se
tramite por vía de urgencia a la que consideran una imposición del
Govern.
Los posibles problemas que puedan derivarse de la ley de medidas
urbanísticas urgentes provocaron un breve encuentro el pasado
miércoles entre el president del Govern, Francesc Antich, y el
vicepresident, Pere Sampol. Durante esta reunión se llegó a
plantear la posibilidad de retirar el proyecto para que no fuera
tramitado por vía de urgencia. Sin embargo, finalmente se optó por
mantener el texto, en vista de que cuenta con el aval de los
servicios jurídicos del Govern.
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