La apertura de un expediente administrativo contra Sol Meliá en
Cuba desencadenó ayer el rechazo unánime del Gobierno, los
empresarios, sector turístico, partidos políticos, Govern y la
patronal CAEB.
Por su parte, Cuba denunció que la investigación atenta contra
el derecho internacional, mientras que Estados Unidos mantuvo que
no afectará a las relaciones entre Washington y Bruselas, cuestión
que no compartió el Ejecutivo español, que amenazó con tomar las
medidas diplomáticas «más enérgicas» si se produce una sanción.
El expediente abierto por Estados Unidos sobre la gestión de Sol
Meliá en Cuba se basa en la aplicación de la ley Helms-Burton. El
Ministerio de Asuntos Exteriores español ya ha advertido que «si
llegase a abrirse un expediente sancionador contra una empresa
española en virtud de la Ley Helms-Burton, España tomaría medidas
muy enérgicas, hasta el punto de bloquear los acuerdos entre la
Unión Europea y EE.UU.». Existe un compromiso entre ambas partes:
Europa no denunciaría ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC) la Ley Helms-Burton a cambio de que EE.UU. no abriese ningún
expediente sancionador contra una empresa europea. Fuentes
comunitarias anticiparon que una acción de Washington contra los
intereses españoles en la isla, enfrentaría al Gobierno
estadounidense con Bruselas, con lo que quedarían seriamente
amenazadas las relaciones entre ambos bloques.
La Casa Blanca contempla la posibilidad de que Sol Meliá y los
ciudadanos norteamericanos afectados por la expropiación de
terrenos en Cuba lleguen a un acuerdo privado, según informó ayer
su portavoz, Mike Hammer.
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