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Fue justo hace cuatro años. El 9 de agosto de 1995 operativos de la Policía Nacional detuvieron en Palma a Juan José Rego Vidal, a su hijo Ignacio Rego Sebastián y a José García Sertucha, los tres, en aquel entonces, sospechosos de estar planeando un atentado para acabar con la vida del Rey cuando este se dispusiera a embarcarse en su barco «Fortuna», a la postre anclado en Porto Pi.

La noticia de la detención policial, dado el carácter del objetivo, dió la vuelta al mundo y la conmoción fue aún mayor al hacerse público que los etarras habían tenido al monarca en el punto de mira en, al menos, tres ocasiones y que no habían llevado a término su plan al no tener asegurada su huida de la Isla.

Los preparativos del atentado contra el Rey, según prueba la sentencia por la cual los tres etarras fueron condenados a 109 años de cárcel, comenzaron en febrero de 1994, cuando la cúpula de ETA propuso el regicidio a Juan José Rego.

Durante los meses siguientes Rego, considerado el «cerebro» del plan, estudió los movimientos del monarca en la Isla y decidió que el atentado se produciría desde unos edificios cercanos a la ubicación habitual del «Fortuna» y con un rifle de largo alcance.

El 1 de mayo de 1995 Juan José Rigo inició un viaje desde Niza a Palma en el barco «La Belle Poule», velero que había alquilado usando un DNI falso a nombre de Andrés Sáenz de Buruaga. Posteriormente alquiló un piso situado a 251 metros de distancia del escenario escogido para llevar a cabo el atentado, volvió a Francia donde recogió a sus compañeros y consiguió un rifle con mira telescópica y número de fabricación borrado.

A mediados del mes de julio los etarras ya tenían perfectamente estudiados los movimientos del Rey y, desde entonces hasta los primeros días de agosto, García Sertucha tuvo a Don Juan Carlos tres veces en el punto de mira. Finalmente, los tres etarras prepararon un plan de huida, con motos y el barco, y fijaron el día 13 de agosto como la fecha para llevar a cabo su acción criminal. Pero los etarras no contaban con que habían sido localizados por la Policía Nacional, que vigilaba sus movimientos, y la detención, ordenada por el juez Baltasar Garzón, se produjo el día 9 de agosto.