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El Ajuntament de Palma recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears que anula el acuerdo del Consistorio del 27 de octubre de 1994 en el que se aprobó la concesión a la empresa Dornier SA de la gestión de la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos, según anunció ayer el alcalde en funciones de Palma.

Joan Fageda, que hoy jurará de nuevo su cargo, explicó que «esta sentencia pone en evidencia que falta una documentación técnica, lo cual es fácil subsanar pues no se trata de una cuestión de fondo, y además el fallo no es firme porque se puede recurrir y eso es lo que vamos a hacer». La sentencia anula el acuerdo municipal por la inexistencia de un proyecto técnico que debería haberse presentado previamente a la convocatoria del concurso y del que se desprenderían las bases del mismo. En cambio, el Ajuntament y la empresa concesionaria opinan que el pliego de condiciones equivale al proyecto técnico. El recurso municipal defenderá este argumento. No obstante, la propia sentencia ya advierte que un dilema similar fue resuelto por la misma sala en sentencia de 31 de octubre de 1998, la cual fue confirmada por el Supremo en junio de 1990, lo cual quiere decir que ya existe jurisprudencia contraria a los intereses de Cort.

Pero en tanto se recurre, hay plazo hasta final de mes, y el tribunal sentencia la empresa adjudicataria puede continuar con la gestión de la ORA hasta la finalización, en noviembre, de la contrata. Esta puede ser renovada por otros cinco años, pero antes de tomar esta decisión, el alcalde pedirá informes técnicos del resultados de los cinco años de gestión privada. El equipo de Gobierno no quiere adelantar si la sentencia pendiente del Tribunal Supremo condicionará la renovación de la contrata, «antes se debe hablar con los servicios jurídicos y estudiar el tema», apuntó el concejal en funciones de Governació, Joan Bauzá. En caso de que se renueve la concesión y el Supremo ratifique la sentencia del TSJB, Dornier dejaría de gestionar la ORA y el Ajuntament debería convocar un nuevo concurso o bien volver a municipalizar la gestión de este servicio, privatizado por el Gobierno popular en 1994.