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La principal actividad de la oficina es la investigación del patrimonio de personas con causas judiciales en Balears. En un plazo máximo de dos semanas, la oficina accede a los datos requeridos por los jueces, que de esta forma, obtienen información veraz y objetiva sobre el patrimonio de los ciudadanos investigados.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Palma fue el que en más ocasiones solicitó la ayuda de la Oficina de Investigación Patrimonial, ya que lo hizo en 423 ocasiones, seguido del Juzgado de lo Penal número 5 (294), Instrucción 7 (267) e Instrucción 1 (267).

De las 3.400 solicitudes de los jueces, 1.893 dieron un resultado positivo (es decir, se comprobó que la persona poseía bienes para hacer frente a determinadas responsabilidades de índole económico), y otras 1.035 fueron negativas. Las peticiones no contestadas, debido a que las entidades carecían de datos, se elevaron a 472.

En este apartado llama la atención las 12 solicitudes realizadas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, de las cuales diez fueron positivas, una negativa y la otra quedó pendiente. El Ministerio de Justicia abona el sueldo de las tres personas que trabajan de forma interina en las dependencias, todo ello, a expensas de un convenio a tres bandas (Govern, Administración y Juzgados) que está pendiente de firmar.