El coordinador general de Esquerra Unida y candidato de la
coalición al Govern, Eberhard Grosske, lamentó ayer que el Tribunal
de Cuentas carezca de medios legales suficientes para controlar los
gastos electorales de los partidos, por lo que solicitó el cambio
de la actual ley por una «más rigurosa que sirva para realizar un
rigurosos control». También se refirió a las «anomalías» contables
que el Tribunal de Cuentas ha detectado en las cuentas del PSOE
balear en los años 1989, 1990 y 1991, periodo en el que una entidad
bancaria condonó, según afirma el informe, una deuda de 32 millones
de pesetas.
Esta condonación «gratia et amore», que se realizó a través de
la sede central del PSOE en Madrid, comentó Grosske, «es una
irregularidad importante y un agravio comparativo hacia otros
partidos a los que no nos perdonan las deudas».
En ese informe también se hace alusión «a las deficiencias
contables» de EU y que Grosske consideró propias de «la
contabilidad casera» de una coalición con una representación
política limitada en aquellos años, al tiempo que lamentó «esta
falta de rigor».
También se refirió a «alguna irregularidad de escasa cuantía del
PP» que aparece reflejada en este informe del Tribunal de Cuentas,
donde «no salen los 50 millones que recibió el PP por la concesión
del túnel de Sóller». El informe en el que se detectaban anomalías
del PSOE y Esquerra Unida fue encargado por una comisión del
Congreso de los Diputados a propósito de las irregularidades en las
cuentas del PP balear. Gabriel Cañellas tuvo que dimitir en 1995
cuando se denunció que recibió 50 millones del empresario que
construyó el túnel de Sóller.
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