La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó ayer ante
el Consejo de Ministros una reclamación administrativa de
responsabilidad patrimonial, contra el Estado español, por
vulneración del derecho comunitario, al tardar 20 meses en
trasponer una directiva sobre la antigua multipropiedad.
El Estado español «ha cometido una manifiesta y grave violación
del derecho comunitario por el retraso en la trasposición de una
directiva sobre las empresas de tiempo compartido», según
informaron ayer los portavoces de la OCU.
La reclamación de la OCU, en nombre de 27 ciudadanos de seis
países de la UE -Bélgica, Austria, Francia, Italia, Luxemburgo y
Países Bajos- pretende que el Estado español devuelva nueve
millones de pesetas, más los intereses de esa cantidad, que los
afectados entregaron como señal a diversas empresas de tiempo
compartido. Los afectados, «son miles, pero solamente hemos podido
documentar 27 casos, que fueron presionados para que firmaran la
compra de tiempo compartido en inmuebles de Balears, Canarias y la
Costa del Sol, y a quienes no se devolvió la señal entregada».
La OCU recuerda que el 5 de enero pasado entraba en vigor la Ley
sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de
uso turístico (la antes conocida como multipropiedad), que
incorporaba al derecho español una directiva de 1994: «La directiva
tenía que estar incorporada al derecho interno de cada país antes
del 29 de abril de 1997, pero el Estado español ha superado en 20
meses el plazo límite legalmente establecido».
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