La decisión de los partidos nacionalistas vascos de ceder el uso de
la sede de su Parlamento en Vitoria al Parlamento kurdo en el
exilio para que pueda celebrar su pleno anual ha levantado ampollas
en el Gobierno español y en los partidos de ámbito estatal,
especialmente el PP y el PSOE, que han vuelto a unir posturas, esta
vez en base a dos argumentos: la soberanía española y las
represalias económicas de Turquía.
Es cierto que las relaciones exteriores del Estado son
competencia del Gobierno central, pero también es cierto que, de no
tratarse de independentistas kurdos, el problema no pasaría a
mayores. En el posible paralelismo entre kurdos y vascos reside el
auténtico conflicto. Para los nacionalistas hay obvios puntos en
común. Para PP y PSOE es absurdo plantear cualquier similitud entre
el régimen de libertades de los vascos y la opresión de los
kurdos.
Quienes sojuzgan a los kurdos son los Estados sobre los que se
asienta el Kurdistán, ninguno de ellos con las garantías propias de
un Estado de derecho. Turquía, que se muestra agraviada, no forma
parte del Consejo de Europa por su continuada vulneración de los
derechos humanos. Bien es cierto que los kurdos también usan de la
violencia para defender sus legítimas reivindicaciones. Y también
que lo es la amenaza turca sobre la economía española,
especialmente la vasca.
Pero en el otro platillo de la balanza puede colocarse el hecho
de que el Parlamento kurdo en el exilio celebra plenos anuales en
capitales europeas y mantiene su actividad en el exilio como antes
lo hicieron las instituciones vascas, catalanas y republicanas
españolas en países que les asilaron con generosidad. La legalidad
está de parte del Gobierno español, pero es evidente que los vascos
van a utilizar todos los recursos, incluso los indirectos como el
de los kurdos, para mantener un pulso con el Estado.
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