El proyecto de ley de directrices de ordenación del territorio tuvo
ayer la sorprendente virtualidad de concitar reacciones positivas
de ámbitos tan diversos como el GOB y la Asociación de
Promotores-Constructores de Baleares. El portavoz de los
ecologistas, Miquel Angel March, aseguró que se ha atendido parte
de las peticiones formuladas por ellos, como son las
desclasificaciones directas y la protección del litoral.
En el apartado de los claroscuros destacó la tolerancia con los
campos de golf o las eufemísticas excepciones. Miquel Angel March
cuestionó además las cifras de población del Govern. «También es un
punto oscuro que la norma se apruebe al final de la legislatura,
con cierto secretismo y sin aparente consenso», señaló.
El presidente de la Asociación de Promotores-Constructores de
Balears, Juan Matemalas, con la prevención de no conocer el texto
definitivo, se mostró básicamente de acuerdo con el proyecto porque
no apuesta por el crecimiento cero y sí permitirá que existan
garantías jurídicas para el sector.
A la espera de que el texto definitivo entre en el Parlament, ya
se conoce que alguna de las urbanizaciones que quedaron suspendidas
por el Consell Insular podrán construirse finalmente. Algunas
fuentes aseguraron que es el caso de la polémica urbanización de
Son Ferrandell. En cualquier caso, aseguraron que no serán más de
media docena. Las mismas fuentes aseguraron, por el contrario, que
sa Talaiola no podrá construirse.
Las enmiendas del PP
Fuentes de la dirección del PP aseguraron ayer que el Grup
Parlamentari no tiene previsto introducir muchas enmiendas: a las
ya conocidas de las posibles exenciones fiscales para los
propietarios de fincas protegidas pueden sumarse algunas que
mejoren técnicamente el proyecto pero que no lo modifiquen de
manera sustancial. El presidente del partido no quiso hacer
declaraciones sobre el texto al argumentar que el protagonismo en
la materia lo llevará Jaume Matas. Sin embargo, algunos miembros de
partido señalaron que, más allá del fondo, en el PP había cierto
recelo por la forma en que el president ha llevado la redacción de
las directrices. A los alcaldes les ha molestado no estar al
corriente de cómo les afectará a sus municipios ya que se han
sentido desplazados de la negociación. El sector cañellista es el
que ha puesto más pegas a la regulación ya que considera que no es
el momento más adecuado. Tampoco se descarta que inicialmente algún
diputado se «descuelgue» en un principio, aunque todo el mundo da
por hecho que terminará aprobando el texto.
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