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El director del aeropuerto de Palma, Pedro Meaurio, y el director regional de Navegación Aérea, Alejandro Egido, aprovecharon ayer la presentación de la memoria de actividades de Son Sant Joan para exponer sus tesis sobre la gestión privada de este recinto aeroportuario, afirmando que es viable y que es la tendencia general que impera en estos momentos en Europa, «ya que evita los problemas de rigidez que supone la gestión desde las administraciones públicas».

Meaurio afirmó al respecto: «Las decisiones, lejos de centralizarse, deben tomarse cerca del usuario, que en este caso son las industrias turísticas y los habitantes de las Islas. No importa mucho que la propiedad sea pública o privada, sino obtener una mayor flexibilidad y una mejora del servicio al cliente».

El aeropuerto de Palma registró el pasado año unos beneficios que oscilarán entre los 400 y los 800 millones de pesetas, y para este año tiene previsto alcanzar unos ingresos de 18.000 millones de pesetas, de los cuales 12.000 serán provenientes de las tasas aeroportuarias y de pasajeros y 6.000 por ingresos comerciales: «Este volumen de negocio que mueve Son Sant Joan puede atraer fácilmente capital privado, lo que explica que las comunidades autónomas deseen ejercer cierto control sobre estas instalaciones».

Asimismo, debido al crecimiento progresivo del tráfico en el aeropuerto, en torno a un 5% para este año (unos 19 millones de pasajeros), Meaurio se refirió a contar con una tercera pista: «Si el techo poblacional no se acaba estableciendo en 1'7 millones de personas y se hacen insuficientes las dos pistas, que ahora funcionan al 80 por ciento de su capacidad, será necesario reservar terrenos para contar con una tercera pista.

Regulación en Viva Air
La compañía aérea Viva Air, filial del grupo Iberia, presentó ayer ante la Dirección General de Trabajo un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a los casi 400 trabajadores de la empresa, según un comunicado facilitado por Iberia.

El ERE está acompañado de un plan social alternativo, como exige la legislación, en el que se garantiza un puesto de trabajo en Iberia a todos los empleados de Viva Air que así lo deseen.

A partir de ahora se abre un periodo de consultas de tres meses para negociar entre el comité de empresa y la dirección para negociar los términos del Plan Social que se acompaña y finalmente se presentará a la Dirección General de Trabajo para su aprobación. En el caso de que no se llegue a un acuerdo entre los representantes legales de los trabajadores y la empresa, la Dirección General de Trabajo nombrará un mediador.