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El ingreso en prisión del presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, ha suscitado casi de inmediato reacciones encontradas. Si bien es cierto que llama la atención de forma especial la desbordante alegría de quienes han sido sus rivales políticos. Gil es un personaje controvertido y no descubriríamos ninguna novedad si dijéramos que, en bastantes ocasiones, se mueve en los mismos límites de la legalidad. El fondo de su encarcelamiento son 450 millones pagados por el Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid en calidad de promoción de la ciudad costera. Nadie se atrevería, a estas alturas, a poner en duda que el club de fútbol ha paseado el nombre de Marbella por media Europa durante años, por lo cual evidentemente debía percibir unas cantidades. Ahora bien, los procedimientos seguidos para ello pueden haber sido ilegales y así lo ha considerado el juez. Evidentemente si todo ello está al margen de la legalidad, el señor Gil debe ser juzgado, pero no hay que olvidar que la prisión preventiva sólo ha de aplicarse en casos muy justificados y cuando se produce alarma social. No obstante, en este caso, no cabe duda de que la decisión judicial adquiere un valor ejemplarizante. Nadie puede sustraerse a la acción de la Justicia y no se puede olvidar que Gil tiene sobre sus espaldas docenas de demandas civiles, arropadas por una reiterada actitud provocadora y desafiante frente a todas las instituciones. El asunto es muy serio y debe juzgarse con la necesaria tranquilidad, aunque dados los precedentes de Gil parece imposible sustraerse a las pasiones y los odios que despierta. Sus excesos han sido sus peores enemigos y ha dado muestras en demasiadas ocasiones de actitudes absolutamente reprobables rozando la ilegalidad. El juez le sitúa ahora claramente fuera de la ley.