Condenados a cadena perpetua 38 exaltos cargos del Ejército por el intento de golpe de Estado en 2018 en Turquía

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Un tribunal de Turquía ha condenado este miércoles a cadena perpetua a otros 38 exaltos cargos del Ejército por su papel en el intento de golpe de Estado de julio de 2016, en el marco de un proceso contra cerca de 500 personas, entre ellos varios antiguos miembros de la Guardia Presidencial.

Entre los condenados figuran Umit Gençer, un antiguo teniente coronel que obligó a una presentadora de la cadena TRT a leer un comunicado anunciando el golpe de Estado, así como Muhammet Tanju Poshor, un antiguo coronel que dio orden de tomar el control del edificio de este medio de comunicación.

Asimismo, han sido condenados a cadena perpetua Fedakar Akça, un antiguo mayor que irrumpió en la sede del Estado Mayor del Ejército, y Osman Koltarla, otro mayor responsable de la seguridad del edificio de la Presidencia, tal y como ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

Seis de los acusados han sido condenados con cadena perpetua agravada por «violar la Constitución», según Anatolia. La cadena perpetua agravada es la pena más severa en Turquía desde que se abolió la pena de muerte en 2002. Implica que los condenados no tiene posibilidad de solicitar ni disfrutar libertad condicional.

Además, el tribunal ha dictado penas de entre tres y 16 años de prisión por violar la Constitución para otros 106 acusados. Otros cargos incluyen intento de asesinato del presidente, Recep Tayyip Erdogan. Por su parte, un total de 121 personas han sido absueltas.

Las autoridades acusaron al clérigo islamista Fetulá Gulen, quien reside desde 1999 en un exilio autoimpuesto, de estar detrás de la asonada, algo que él ha negado. Erdogan y Gulen eran aliados políticos hasta que la Policía y la Fiscalía, supuestos simpatizantes del clérigo, según el Gobierno turco, abrieron una investigación sobre corrupción en 2013 contra varios altos cargos del Ejecutivo.

Tras ello, el mandatario turco acusó al clérigo de conspirar y erigir un Estado paralelo para derrocar al Gobierno con ayuda de la Policía y medios simpatizantes, iniciando una campaña de arrestos que se recrudeció tras el intento de asonada.

El alcance de la persecución de las personas supuestamente vinculadas con la intentona ha alarmado a las organizaciones de Derechos Humanos y a aliados occidentales de Turquía, que han acusado a Erdogan de haber puesto en marcha una purga para acabar con todos los críticos con su gestión.

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