La muerte de George Floyd desató una ola de indignación sin precedentes. | Efe

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Amnistía Internacional (AI) ha denunciado a la Policía de Estados Unidos por «eludir su deber» de facilitar el derecho fundamental a manifestarse, así como de proteger a los manifestantes de actuaciones violentas de grupos armados en medio de un «aumento sin precedentes» de la incertidumbre política y la violencia, a las puertas de las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

El informe presentado este viernes por AI Perdiendo la paz: La Policía de Estados Unidos no protege a los manifestantes de la violencia señala que, en los casi 200 casos en los que ha estallado la violencia en manifestaciones en Estados Unidos este año, la Policía «eludió tomar medidas preventivas» y «no protegió a quienes se manifestaban» de los ataques violentos.

Desde el asesinato de George Floyd a manos de la Policía el pasado mayo, las manifestaciones pacíficas contra el racismo se han sucedido a lo largo de todo el país, por lo que, ante este clima de tensión, «el Gobierno estadounidense y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (...) deben proteger escrupulosamente los Derechos Humanos de las personas a la libertad de reunión pacífica y de expresión», ha demandado la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.

De mayo a septiembre de este año, la ONG ha documentado y verificado enfrentamientos entre manifestantes y contramanifestantes en aproximadamente el 75 por ciento de todos los estados de Estados Unidos, y en aproximadamente la mitad ha confirmado casos en los que la Policía no han mantenido la paz en las protestas ni ha protegido a los manifestantes de los enfrentamientos violentos con estos grupos.

De hecho, en más de una docena de manifestaciones derivadas en violencia, «la Policía estaba totalmente, o casi totalmente, ausente del lugar de los hechos», señala el informe.

El documento también señala que en la mayoría de las manifestaciones la espiral de violencia se desata por la presencia de grupos paramilitares armados, fomentados por «la retórica, las políticas y las prácticas de la Administración del presidente Donald Trump».

Ante estos hechos, AI reclama que se deben reformar las políticas y prácticas de los cuerpos de Policía para «facilitar mejor la libertad de reunión pacífica y proteger a quienes se manifiestan de las amenazas generalizadas de violencia evitable», así como impartir formación especializada sobre la facilitación del cumplimiento de los Derechos Humanos. No obstante, y ante la ausencia de protección federal, son los gobiernos locales quienes también deberían proteger de la violencia a través de la emisión de órdenes ejecutivas temporales de restricción de armas en lugares públicos.

Entre las medidas que sugiere la ONG en el informe se incluye, por ejemplo, desplegar una cantidad adecuada de policías debidamente formados, separar a manifestantes y contramanifestantes para rebajar las tensiones y evitar enfrentamientos violentos y diferenciar entre actores violentos y no violentos para, entre otros, evitar disolver reuniones que son pacíficas.

Por último, el investigador y asesor regional sobre Norteamérica de AI, Brian Griffey, ha pedido a la Policía estar en «alerta máxima» para prevenir «la violencia política en un momento tan explosivo», con «el presidente Trump pidiendo a sus simpatizantes que 'vayan' a los colegios electorales y los 'vigilen' y a los grupos supremacistas que 'se mantengan en guardia'».

«En el contexto de las acaloradas disputadas electorales y de un movimiento de alcance nacional en favor de los derechos civiles, nadie debería temer por su vida cuando trate de depositar su voto o hacer oír su voz en reuniones pacíficas», ha concluido Guevara.