El Tribunal Supremo de Reino Unido ha sentenciado que el cierre parlamentario solicitado por el Gobierno de Boris Johnson es «ilegal», por considerar que perjudica la actividad legislativa y «no hay justificación» para una medida que podría acarrear consecuencias «extremas» para la democracia.

El Supremo ha determinado en primer lugar que tiene competencias para pronunciarse sobre el tema, por entender que analizar los límites de este tipo de suspensiones son también una «cuestión de los jueces» y no forman parte únicamente del debate político.

La corte, que ha reunido a once magistrados para analizar este caso --el mayor número posible--, ha asumido que «no es una suspensión normal» por el tiempo elegido por el Gobierno, en la medida en el que la actividad no se retomaría hasta el 14 de octubre, a 15 días de la fecha del Brexit.