Cristina Fernández, presidenta de Argentina. | ENRIQUE MARCARIAN

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El Gobierno argentino se vio este viernes de nuevo sacudido por el caso Nisman, al solicitar un fiscal la imputación de la presidenta argentina, Cristina Fernández, por el presunto delito de encubrimiento y posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, que impute a Fernández, al canciller argentino, Héctor Timerman, y a varios dirigentes oficialistas a partir de la denuncia presentada por Alberto Nisman cuatro días antes de fallecer en circunstancias aún sin aclarar.

Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, apuntó a Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del ataque.
Tras la presentación, el juez Daniel Rafecas canceló sus vacaciones y reasumirá sus funciones el próximo miércoles 18 de febrero, cuatro días antes de lo previsto, según di- fundió ayer el Centro de Información Judicial.
Pollicita acusa a la presidenta y a sus colaboradores de «encubrimiento por favorecimiento personal agravado», según la documentación difundida ayer en la página web de la Fiscalía argentina.

El fiscal también considera que las acciones del Gobierno «podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

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La petición de imputación también alcanza al diputado kirchnerista Andrés Larroque, al militante oficialista Luis D’Elia, al dirigente islámico Jorge «Yussuf» Khalil, al militante Fernando Esteche, al exfiscal Héctor Luis Yrimia y a un supuesto espía identificado como Héctor Bogado.

En la denuncia de Nisman, el memorándum de entendimiento firmado entre Buenos Aires y Teherán en 2013 aparece como el principal instrumento de un supuesto acuerdo para eliminar las órdenes de búsqueda con marca roja emitidas por Interpol contra los sospechosos iraníes a cambio de que Argentina pudiera comprar petróleo a Irán.

Según señala Pollicita en el escrito remitido al juez Rafecas, «para llevar a buen puerto el acuerdo con Irán y lograr la impunidad de los acusados, se hizo creer que se buscaría el consenso de todo el arco político para avanzar en un pacto, pero en los hechos se desoyeron las múltiples y extendidas opiniones contrarias» al documento.

«Se articularon puestas en escena para mostrar falsos avances diplomáticos ante la sociedad argentina», añade el texto del fiscal.

Desde que Nisman hizo pública su denuncia, el Gobierno argentino ha argumentado que los supuestos beneficios derivados del presunto encubrimiento nunca se concretaron.

Además, el Ejecutivo presentó ayer a la Justicia pruebas y antecedentes «jurídicamente relevantes» para rebatir la denuncia presentada por Nisman, como documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición e información de la Secretaría de Inteligencia, entre otros.