0

El Tribunal Constitucional de Egipto afirmó ayer que sus decisiones son «obligatorias», lo que supone un toque de atención para el presidente del país, Mohamed Mursi, que el domingo restableció el Parlamento pese a un fallo judicial que había anulado las elecciones legislativas. El Constitucional destacó en un comunicado que sus resoluciones son «definitivas e inapelables por la fuerza de la ley», y su cumplimiento es obligatorio «para todas las autoridades del Estado y para todos».

La reacción del tribunal llegó al día siguiente de que Mursi ordenara restablecer las sesiones y prerrogativas de la Asamblea del Pueblo o Cámara baja del Parlamento, disuelta el mes pasado por la entonces gobernante Junta Militar, que pasó a asumir el poder legislativo hasta la elección de una nueva cámara.

Los militares

La cúpula castrense actuó con base en una sentencia del Constitucional, que el pasado 14 de junio anuló los comicios legislativos ya que los partidos no habían respetado la ley electoral, que impide a las fuerzas políticas presentar a aspirantes en el tercio de candidaturas reservadas para independientes.

Al margen del pulso que mantienen por el poder la Junta Militar y los Hermanos Musulmanes -que dominan el actual Parlamento-, el tribunal añadió que «no es parte de ninguna disputa que se pueda generar entre las fuerzas políticas».

Además, defendió su independencia al asegurar que seguirá actuando para supervisar la constitucionalidad de las leyes y evitar que haya una «agresión o violación» contra los textos constitucionales.

La Junta Militar defendió, por su parte, su orden de disolver el Parlamento, puesto que fue «una resolución ejecutiva basada en una sentencia del Tribunal Constitucional que rige la anulación de la Cámara baja desde su elección». Sin esperar más, el presidente del Parlamento, el islamista Saad Katatni, se acogió al nuevo decreto presidencial y convocó ayer una sesión de la Cámara baja para hoy.