La ministra de Economía española, Elena Salgado, junto a su homólogo irlandés, Michael Noonan. | Efe - LASZLO BALOGH

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La Unión Europea exigió ayer a las fuerzas políticas portuguesas que pacten un «estricto» paquete de ajustes, reformas y privatizaciones a cambio de un rescate que, según su primera estimación, alcanzará los 80.000 millones de euros.

El paquete deberá incluir un «ambicioso ajuste fiscal», una reforma del mercado de trabajo y «un programa de privatizaciones», así como medidas para garantizar la solvencia de la banca, entre otras iniciativas aún por definir.

El programa presentado por el Gobierno socialista luso el 11 de marzo pasado, que fue rechazado por el Parlamento provocando la crisis económica y política actual, será el «punto de partida» del programa que debe ser acordado, aunque probablemente será aún más duro.

«Debe ser más duro y global que el que fue rechazado por el Parlamento» luso porque, «de otro modo, no tiene sentido garantizar los préstamos a nadie», dijo el ministro de Finanzas finlandés, Jyrki Katainen, antes de entrar en la reunión con sus colegas comunitarios donde se discutió el rescate de Portugal.

Por este motivo, los ministros de Finanzas de la UE pidieron a las fuerzas políticas portuguesas que aparten sus diferencias y alcancen un acuerdo entre todos los partidos sobre el paquete de ajustes que permita desembolsar la ayuda.

El objetivo es que el Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones anticipadas del próximo 5 de junio pueda poner en marcha lo acordado «rápidamente» y no retome la negociación de los términos de la ayuda, como ha ocurrido en el caso de Irlanda.

Trabajos preparatorios

Los ministros de Finanzas europeos reunidos en Godollo (Hungría) encargaron a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo que inicien «inmediatamente» los trabajos preparatorios del rescate junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para poder aprobar el programa de asistencia a mediados de mayo, en concreto a partir del 16 de este mes.

En dicho plan se deberá recoger una amplia privatización así como una reforma laboral y una reducción del salario de los funcionarios.