La policía de Israel recomendó ayer a la Fiscalía del Estado el procesamiento del ministro israelí de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman.

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Altos cargos del Gobierno israelí están contemplando la posibilidad de prohibir que Gobiernos extranjeros, entre ellos el español, financien ONG locales especialmente críticas con Tel Aviv tras su campaña de bombardeos en la Franja de Gaza, una cuestión que ya han abordado con los representantes de Países Bajos, Reino Unido y, esta semana, con miembros del Ejecutivo de Zapatero, según medios locales.

Según el diario Haaretz, fuentes del Gobierno israelí se reunieron con representantes de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores español para «reexaminar la financiación proporcionada por España a las ONG que abordan el conflicto árabe-israelí».

Entre las ONG israelíes que han recibido financiación española no sólo se encuentra Rompiendo el Silencio. Organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, el Comité Israelí contra las Demoliciones de Viviendas, y Rabinos por los Derechos Humanos también han recibido el apoyo económico del Gobierno español, según Jerusalem Post.

Desde Tel Aviv se entiende que dicho criterio es «desproporcionado» en relación al dinero que se aporta desde España a otras ONG en países árabes, según fuentes oficiales consultadas por Haaretz, quienes, no obstante, aseguran que la intención inicial es diferenciar a aquellos grupos que «trabajan por la paz y la coexistencia» de aquellas ONG «con un propósito político contra el Gobierno israelí».

La «inquietud» del Gobierno israelí se construye en torno al caso de la ONG Rompiendo el Silencio (Shrovim Shtika), con sede en Hebrón (Cisjordania), que publicó el 15 de julio un extenso informe en el que se recogían los testimonios de 30 soldados israelíes que revelaban, según el documento, brutales tácticas empleadas por el Ejército israelí durante la operación de bombardeos en la Franja de Gaza (Plomo Sólido) del mes de enero, entre las que se incluyen «el uso de gas de fósforo en zonas pobladas, el asesinato de inocentes con armas de pequeño calibre y la destrucción de propiedad privada», bajo «una atmósfera permisiva en la estructura de mando que permitía a los soldados actuar sin restricciones morales».