La cumbre de la Unión Europea tropezó ayer con la exigencia irlandesa de que las garantías que se le ofrezcan para repetir el referéndum sobre el Tratado de Lisboa tengan la mayor fuerza vinculante. El primer ministro checo, Jan Fischer, ha optado por aplazar hasta hoy la discusión sobre el caso irlandés, a la vista del bloqueo de la situación y tras constatar la firmeza de la posición de Dublín.
Según fuentes comunitarias, el primer ministro irlandés, Brian Cowen, insiste en que las «garantías» que sus socios están dispuestos a ofrecer para que pueda celebrarse otra consulta sobre el nuevo tratado tienen que tomar la forma de un protocolo. No le basta una mera decisión o declaración política de los líderes.
Esta solución implica que el texto debería ser ratificado en todos y cada uno de los estados miembros, lo que no resulta aceptable para los demás. Las «garantías» constituyen una serie de aclaraciones y compromisos que pretenden tranquilizar a los ciudadanos irlandeses sobre la inocuidad del nuevo Tratado respecto a cuestiones sensibles para ellos como la política de neutralidad, la soberanía fiscal, la legislación sobre el aborto o los derechos laborales.
Crisis financiera
Los gobernantes comunitarios dedicaron su sesión de trabajo de la tarde a debatir principalmente la propuesta de la Comisión Europea sobre supervisión y prevención de crisis financieras. Durante la cena, se esperaba que los Veintisiete confirmasen al portugués José Manuel Durao Barroso para un segundo mandato de cinco años como presidente de la Comisión Europea, aunque su designación formal quedará pendiente del voto en dos tiempos (julio y octubre) en el recién elegido Parlamento europeo.
Los líderes europeos acordaron anoche acometer una amplia reforma del sistema europeo de supervisión financiera, para adaptarse a la transformación vivida por el sector los últimos años y evitar que se repitan en el futuro los fallos que han causado la actual crisis. El acuerdo fue posible tras garantizar al primer ministro británico, Gordon Brown, que en ningún caso los nuevos organismos supranacionales de supervisión podrán tomar decisiones que tengan consecuencias en las arcas públicas nacionales.
Reino Unido, que alberga el centro financiero más importante de Europa, se opone frontalmente a ceder las tareas de vigilancia de las entidades que operan en su territorio y ha exigido una limitación clara de las competencias de las nuevas autoridades.
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