El nuevo inquilino de la Casa Blanca, ayer ante los medios antes de firmar las órdenes ejecutivas relativas al futuro del centro de reclusión de la base cubana. Foto: MATTHEW CAVANAUGH/EFE

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AGENCIAS-WASHINGTON

El presidente de EEUU, Barack Obama, ordenó ayer el cierre de la prisión de la base de Guantánamo en el plazo de un año y la revisión de los procedimientos de detención y de interrogatorios.

En un acto en el Despacho Oval, rodeado de sus asesores y de militares retirados con los que abordó la situación en el centro de detención de esa base naval estadounidense en el sudeste de Cuba, Obama afirmó que «EEUU tiene como intención proseguir la lucha actual contra el terrorismo».

Al firmar la orden para el cierre de esa prisión, declaró que con ello no sólo cumple un compromiso que hizo durante la campaña, sino también un concepto que data de la fundación de EEUU, «que estamos dispuestos a respetar unos ciertos parámetros de conducta; no sólo cuando es fácil, sino también cuando es duro».

El plazo para el cierre del centro de detención es de un año, durante el cual «estableceremos un proceso» para determinar cómo mejor proceder a la clausura, explicó el presidente. El procedimiento será complicado. En la actualidad permanecen allí detenidos en torno a los 245 presos.

Una parte de ellos, entre 50 y 60, según algunas fuentes, han recibido el visto bueno para su liberación y el nuevo Gobierno planea transferirlos a terceros países.

Hasta ahora EEUU ha tenido problemas en encontrar a países dispuestos a acoger a estos presos, aunque un alto funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo la condición del anonimato, declaró que esperan «que algunos países que hasta ahora no se han ofrecido lo hagan en el futuro».

En nngún caso, prometió el alto funcionario, se enviarán a países donde puedan ser torturados, aunque sean los suyos propios.

Un segundo grupo, considerado «no transferible», será juzgado por tribunales estadounidenses, aunque aún está por determinar si serán cortes civiles o militares.

Un tercer grupo de presos considerados un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero contra los que no existen pruebas admisibles en un tribunal, verá su destino determinado por un grupo de trabajo que se creará para estudiar qué hacer con ellos de manera que se respeten sus derechos humanos y no representen una amenaza. Las órdenes establecen también el cierre de los centros de detención creados por la CIA en el exterior y prohíben que puedan volver a establecerse en el futuro.

Además, se creará un grupo de trabajo para revisar de manera «exhaustiva» las prácticas de interrogatorio y detención de los presos, incluida la establecida durante el mandato de George W. Bush y conocida como «rendition», consistente en enviar a sospechosos a terceros países para interrogarlos con métodos inaceptables en EEUU.

Por otra parte, la recién nombrada secretaria de Estado, Hillary Clinton, en una rueda de prensa conjunta con el presidente y el vicepresidente, Joe Biden, anunció el nombramiento de sus enviados especiales para Oriente Medio y para Pakistán y Afganistán, puestos que encabezarán, respectivamente, George Mitchell y Richard Holbrooke.

Tambien hizo aparición durante la jornada de ayer el designado para la Secretaría del Tesoro, Timothy Geithner, tras recibir la aprobación del Senado una vez aclarado que la irregularidad cometida en el pago de sus impuestos fue inintencionada. Geithner aseguró que «el presidente, apoyado en las conclusiones de un amplio rango de economistas, cree que China está manipulando su moneda», y que se ha comprometido a utilizar agresivamente todas las vías diplomáticas que se le abren para buscar un cambio en sus prácticas.