05/03/08 0:00
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OTR-BOGOTÀ/CARACAS La crisis a tres bandas en Latinoamérica se extenderá a las instituciones internacionales. Después de que Bogotá anunciase que presentará las pruebas que vinculan a Caracas y Quito con las FARC ante Naciones Unidas, el presidente colombiano, Alvaro Uribe, anticipó que denunciará ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, por financiar supuestamente la guerrilla y «patrocinar y financiar a genocidas». Entretanto, Caracas ha optado por expulsar al personal diplomático colombiano de la capital, como primer paso al cierre de la frontera entre ambos países.

La policía colombiana anunció el lunes, en base a los datos extraídos de un ordenador incautado al guerrillero asesinado Raúl Reyes, que Chávez había pagado a las FARC 300 millones de dólares. 'Patrocinio de genocidas' Para Uribe, es motivo de denuncia y por eso anticipó que Colombia se «propone denunciar ante la Corte Penal Internacional» por «patrocinio y financiación de genocidas», según informaciones de medios locales. «No queremos que país alguno se solidarice con el terrorismo. No podemos permitir que terroristas se refugien en otro país, permitiendo el derramamiento de sangre de nuestros compatriotas», añadió.

El Ejecutivo de Caracas niega este supuesto. En este sentido, el ministro de Interior y Justicia venezolano, Ramón Rodríguez, subrayó que el Gobierno colombiano sólo busca «engañar, mentir y tratar de desviar la atención».

Sin embargo, Caracas no está dispuesta a soportar las críticas y las injerencias territoriales, como tampoco lo está Ecuador, que también ha roto relaciones diplomáticas. Asimismo, el Ejecutivo de este estado reiteró la inexistencia de vínculos con las FARC, unas acusaciones que para el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, reflejan una actitud «canallesca». En su opinión, todos los contactos han sido «por motivos estrictamente humanitarios, junto con países como Francia».

La Policía colombiana reveló el lunes información encontrada en posesión de Raúl Reyes sobre la compra por los rebeldes de 50 kilos de uranio. El vicepresidente del país, Francisco Santos, denunció en Ginebra que lo que las FARC estaban intentado conseguir recopilando este material radioactivo era construir una «bomba sucia», tal y como había anunciado previamente el director policial, Oscar Naranjo, que aludió a «pasos fundamentales en el mundo terrorista para inscribirse como un gran agresor internacional global».