Fue la ciudad de Washington la que pidió a la Corte Suprema que mantenga la prohibición de portar armas de puño (pistolas y revólveres), en vigor desde hace 30 años en la capital estadounidense y considerada inconstitucional por una reciente decisión judicial.
Los nueve jueces de la Corte deberán estudiar el caso entre febrero y abril. Su decisión podría divulgarse a fines de junio, pocos meses antes de las elecciones de noviembre de 2008. La segunda enmienda de la Constitución estadounidense autoriza la creación de milicias y, en base a ello, los defensores del porte de armas, como la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), que participó del proceso judicial, estiman que eso implica el derecho de tener un arma.
Para la ciudad de Washington, este texto crea un derecho colectivo a poseer armas en el marco de un servicio de Policía o vigilancia. Pero para millones de estadounidenses, y sobre todo para los miembros de la poderosa NRA, defensora del porte de armas, garantiza el derecho de cada ciudadano a poseer y portar armas.
La Corte Suprema nunca se pronunció realmente sobre este tema. En el siglo XIX, determinó que la enmienda tenía que ver con las leyes federales y dejaba a los estados libres de reglamentar el porte de armas, y en 1939, validó una ley que exigía registrar las armas portadas de uno a otro estado.
Pero como nunca se pronunció sobre el alcance de la enmienda, las jurisdicciones inferiores están particularmente divididas: algunas pronunciándose por el derecho colectivo y otras por el derecho individual.
Desde 1976, la ciudad de Washington, una entidad administrativa independiente de todo Estado, prohíbe a sus habitantes poseer un arma de puño. En cambio, es posible guardar en casa un fusil o carabina, con la condición de que esté trabado y que no esté cargado.
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