España, Francia e Italia tomaron ayer la iniciativa para tratar de impedir que las reclamaciones del Reino Unido y Polonia conduzcan a la reapertura de las reformas de la Unión Europea que se acordaron en el proyecto de Constitución de 2004. Los líderes de la Unión Europea celebraron anoche, durante la cena, su primer debate sobre la reforma de la Constitución, dos años después de que ésta fracasara con los referendos negativos de Francia y Holanda.
La propuesta alemana recoge «toda la esencia y los equilibrios del Tratado constitucional», con un «salto impresionante» en el número de materias que pasarán de votarse por unanimidad a decidirse por mayoría cualificada y con un impulso a las políticas exterior y de justicia e interior, explicó a la prensa el secretario de Estado español para la UE, Alberto Navarro, sobre la iniciativa tripartita.
Antes de la cena, en una reunión que tuvo como anfitrión al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, los mandatarios de España, Francia e Italia se concertaron para dejar claro a británicos y polacos que no aceptarán la renegociación del acuerdo institucional incluido en la difunta Constitución. Zapatero, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y el primer ministro italiano, Romano Prodi, decidieron plantar cara a las reivindicaciones británicas y polacas, aunque sin negarse a negociar salidas específicas para ambos países.
Los tres mandatarios dieron su apoyo total al borrador presentado hace unos días por la canciller alemana, Angela Merkel, que recoge la «sustancia» de la Constitución con otro nombre y otra presentación para hacerla más aceptable. Antes de iniciarse la cumbre, Merkel quiso dejar claro que «nadie será ignorado».
Entre otras modificaciones, el documento alemán -presentado como borrador de mandato a la Conferencia Intergubernamental que deberá redactar el nuevo tratado, rebaja el nivel de éste (ya no será una Constitución) y tampoco incluye las menciones a los símbolos de la UE (himno, bandera y lema). También plantea modificar la denominación del futuro «ministro» de Exteriores.
España, Francia e Italia reiteraron que aceptarán un cambio de su nombre, aunque no una reducción de sus funciones. La iniciativa tiene el valor de colocar a Francia, el país que abrió la crisis al rechazar en referéndum la Constitución, en el lado de los que quieren preservar al máximo su contenido y, especialmente, sus disposiciones institucionales.
Estas son, entre otras, la creación de un presidente estable para la UE, elegido por dos años y medio; la introducción de un sistema de voto que privilegia a los países más poblados, empezando por Alemania; la reducción de la capacidad nacional de veto, la creación de un «ministro» de Exteriores y la reducción del tamaño de la Comisión Europea.
Los tres países plantearon comenzar a negociar inmediatamente «fórmulas» aceptables que permitan superar las reticencias del Reino Unido, Polonia y Holanda, sobre todo, sin cuestionar los avances de la Constitución. A modo de ejemplo, fuentes españolas sugirieron que se podría ofrecer al Reino Unido una cláusula de autoexclusión («opting out»), como la que ya disfruta para el euro. Blair advirtió al abrirse la cumbre que «no aceptará nada de la UE que interfiera en las leyes británicas».
En el caso polaco, Varsovia plantea, con un apoyo checo no muy firme, que se redefina el mecanismo de voto por mayoría cualificada (la Constitución exige un 55% de Estados miembros con un 65% de la población de la UE). Para Polonia, podría arbitrarse alguna variación del llamado «compromiso de Ioannina», conquistado por España y el Reino Unido en 1994 y por el cual puede suspenderse una decisión si, por debajo del umbral de votos requerido y dentro de cierta horquilla.
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