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EFE-WASHINGTON
El Gobierno de George W. Bush y los senadores republicanos alcanzaron ayer un acuerdo sobre el tipo de interrogatorios a los que se pueden someter los sospechosos de terrorismo en manos de EEUU que, además, permitirá limitar el acceso de los detenidos a las pruebas judiciales.

Además, el acuerdo «deja claro que el presidente tiene la autoridad, tal y como está previsto en la Constitución y la ley, y concedida por el Congreso, para EEUU de interpretar el significado y aplicación de las Convenciones de Ginebra», explicó Hadley en una rueda de prensa. Las diferencias entre los senadores republicanos y Bush comenzaron el pasado 14 de septiembre cuando el presidente sufrió un fuerte revés por parte de sus correligionarios con la aprobación en un comité del Senado del proyecto de ley que amplía los derechos a los detenidos extranjeros.

Según el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Hadley, «uno de los puntos del acuerdo relacionado con material de pruebas clasificado prevé que no habrá que compartir con los sospechosos de terrorismo y sus abogados defensores información sensible de inteligencia».

Gracias al respaldo de los senadores republicanos John Warner, John McCain y Lindsey Graham, el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado aprobó por quince votos contra nueve un proyecto de ley que rechazaba la petición de la Casa Blanca de que se permitiera a los funcionarios del Servicio Central de Información (CIA) el empleo de métodos duros de interrogatorio.

El propio Bush acudió esa misma mañana al Capitolio para convencer a sus compañeros de partido de que debían aprobar la propuesta de la Casa Blanca y permitir un aumento de sus poderes para interrogar a sospechosos de terrorismo.

Pero el Comité desoyó los llamamientos del presidente y aprobó su propio plan.

El proyecto de ley aprobado por el comité senatorial concedía a los detenidos más derechos legales que los que prevé la propuesta de Bush, que no permite el uso de material clasificado en los juicios contra esos detenidos.

Las propuestas de Bush también limitan la protección de las cuatro convenciones de Ginebra a los detenidos.

Ayer, tras una segunda votación, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU también refrendó el plan del presidente. Tras la victoria de Bush de ayer, la semana que viene el Pleno del Senado aprobará, aparentemente sin problemas, el proyecto de ley, antes de echar el cerrojo por las elecciones legislativas.