Igual que ayer en Bruselas, Morales se encontró en Viena con la postura de la UE, que considera que la nacionalización es una decisión legítima, que es justo que los bolivianos se beneficien de sus recursos naturales, pero que hay que tener también en cuenta la situación de las empresas extractoras. Así lo repitió ayer el ministro de Exteriores belga, Karel De Gucht, que constató que la decisión de nacionalizar «pertenece al pueblo boliviano», «depende de la soberanía y es natural que la riqueza beneficie primero a la población boliviana».
Morales volvió a defender el derecho del pueblo boliviano a beneficiarse de los recursos naturales por medio de una nacionalización que, insistió, no pretende «expulsar» ni «expropiar» a nadie y que es «racional», basada en el diálogo con las empresas y gobiernos afectados.
De la misma manera, otra empresa española, el BBVA, se ha visto directamente afectada por el decreto complementario que anunció el lunes el Gobierno de Bolivia, por el que la entidad dispone de un plazo de tres días para ceder de manera gratuita las acciones que gestiona a través de un fondo de pensiones de las empresas petroleras extranjeras que fueron nacionalizadas el 1 de mayo. Con respecto a esta segunda medida, Morales rechazó ayer la posibilidad de compensar a las entidades española y suiza, tal y como reclamó el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes. «No hay nada que indemnizar porque no estamos expulsando a nadie ni estamos expropiando. Sólo estamos recuperando lo que corresponde al pueblo boliviano», señaló Morales, y agregó que «las inversiones son un aporte de los trabajadores que sólo estaban administradas por una empresa privada», en referencia al BBVA.
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