Fuentes oficiales bolivianas explicaron ayer que con la conformación de los nuevos directorios, que ya ha sido comunicada a las empresas implicadas, el Estado pasa a controlar la gestión por mayoría en el consejo.
El nuevo consejo de dirección de las empresas está formado a partir de ahora por siete miembros, de los cuales cuatro corresponden a los directores nombrados por el Ministerio de Hidrocarburos, en nombre de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Los otros tres directores corresponden a los representantes de las empresas.
En el caso de Andina, filial de Repsol YPF en Bolivia, ha sido designado síndico Santiago Berríos y como directores Oscar Antonio de la Fuente, Luís Fernando Cardán, Romer Gutiérrez y Reynaldo Marín Carlos, este último representante de las Fuerzas Armadas.
Fuentes de la petrolera presidida por Antonio Brufau explicaron ayer en Madrid que la empresa sigue operando «con absoluta normalidad» y que están a la espera de que comience la fase de negociación con el Gobierno para ver a través de qué mecanismos se constituyen las empresas mixtas y cómo quiere hacerse con el control de la gestión diaria.
Aunque todavía no se tomado ninguna decisión al respecto, el Gobierno de Evo Morales estudia la posibilidad de pagar «a largo plazo y en especie» las acciones que necesita para hacerse con el control de las petroleras, en el marco del proceso de nacionalización de los hidrocarburos decretado por el presidente el pasado 1 de mayo, según informó el ministro del ramo, Andrés Soliz.
Sin duda se trata de uno puntos principales de las negociaciones entre el Gobierno boliviano y las empresas, decisión que comparten tanto el ministro como el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado. El decreto supremo que ordena la nacionalización del gas y el petróleo bolivianos establece que el Estado tendrá el 50% más uno de las acciones.
En el caso de Andina, filial de Repsol YPF, y Chaco, filial de British Petroleum, el Estado debe adquirir el 2% de las acciones, mientras que de Transredes requiere comprar el 17%. Para asumir el 50% más uno de las acciones de Petrobras-Refinación y CLHB, de capitales peruano-alemanes, el Ejecutivo está negociando con cada propietario.
El conflicto judicial que vive la petrolera hispano-argentina Repsol YPF en Bolivia desde el año pasado tuvo ayer un hito a favor de la compañía al anular el Tribunal Constitucional la detención que sufrieron sus dos principales ejecutivos.
El alto tribunal declaró procedente un recurso de hábeas corpus presentado por la compañía y nulas las órdenes de aprehensión emitidas hace dos meses contra el ex presidente de la filial boliviana de Repsol YPF, el español Julio Gavito, y su gerente de operaciones, el argentino Pedro Sánchez.
Ambos están imputados por la Fiscalía boliviana por un presunto contrabando de petróleo y llegaron a estar detenidos y posteriormente liberados en marzo pasado, lo que causó importante tensiones en las relaciones entre los gobiernos de Madrid y La Paz.
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