Los bomberos observan los restos humeantes de un almacén calcinado durante los disturbios.

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El Ejecutivo quiso sobre todo dar la impresión de estar movilizado frente a un saldo de casi 900 vehículos incendiados en la novena noche consecutiva de altercados en los que la policía detuvo a más de 250 personas, y que por segunda vez no sólo no se limitaron a la periferia de París, sino que se extendieron a muchas otras ciudades de toda la geografía de Francia.

Al criticado ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, le tocó el papel de asegurar que el Ejecutivo es «es unánime» sobre la necesidad de aplicar «firmeza» frente a los disturbios. «Todo el mundo debe entender que quemar un vehículo es injusto para el propietario del vehículo y puede costar caro en términos de condenas», subrayó.

Al término de una reunión de crisis de ocho ministros en torno al jefe del Gobierno, Dominique de Villepin, el titular de Empleo, Jean-Louis Borloo, fue el encargado de anunciar que se acelerará la aplicación de los planes de renovación urbana y de cohesión social. Borloo subrayó que ese plan de renovación urbana, que se espera desde hace 25 años, va a tener una dotación de 25.000 millones de euros, y el de cohesión social 15.000 millones.

Del plan de renovación urbana, lanzado hace 18 meses, destacó que sirve para transformar barrios, doblar el número de viviendas sociales y crear zonas francas urbanas, donde las empresas que se instalan tienen exenciones fiscales.

Dentro de la estrategia represiva, Sarkozy reunió para examinar la situación a los responsables policiales.