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TERESA BOUZA-WASHINGTON
Patrick Fitzgerald, el hijo de un portero neoyorquino, tiene en sus manos el destino de varios de los hombres más poderosos de EEUU y sus decisiones podrían asestar una estocada mortal a la presidencia de George W. Bush. Su biografía oficial dice que en diciembre de 2003 fue nombrado fiscal del caso que investiga «la aparente revelación de la identidad de una supuesta empleada de la CIA».

Cheney también se ha visto salpicado por el escándalo ya que, según «The New York Times», fue él quién reveló el cargo de Plame a Libby, algo que, de haber quedado ahí, no sería ilegal pero que contradice la afirmación del vicepresidente de que desconocía la ocupación de la agente secreta.

Esa insípida descripción subestima el drama, que ha costado meses de cárcel a una periodista y citaciones para comparecer ante un jurado a al menos una docena de altos cargos de la Casa Blanca. Lo que quiere saber este fiscal es si alguien en la residencia presidencial de EEUU cometió un delito al revelar -en un supuesto ajuste de cuentas- el nombre de una espía. En juego estarían cabezas tan preciadas como la de Karl Rove, mano derecha del presidente Bush, y la de Lewis «Scooter» Libby, jefe de Gabinete del vicepresidente Dick Cheney.

El veredicto podría conocerse hoy mismo. De hecho, medios estadounidenses aseguran que Fitzgerald -que se reunió ayer con el jurado que investiga el caso- ya ha enviado cartas a varios miembros del gobierno comunicándoles que afrontarán acusaciones. Los resultados de la pesquisa arrojarán luz sobre las prácticas de la administración Bush, criticada por revanchismo contra los que pusieron en tela de juicio los motivos de EEUU para invadir Irak.