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Los responsables de las instituciones de la UE reiteraron ayer, al día siguiente del fiasco holandés, sus llamamientos a que no se dé por muerto, precipitadamente, el Tratado constitucional. El aplastante rechazo de los holandeses a la Constitución (61,6% en contra frente a 38,4% a favor, y una participación inédita del 62,8%) plantea con crudeza qué sentido tiene seguir con el proceso de ratificación en los países que aún no lo han completado -quince de los veinticinco-, cuando se sabe ya que al menos dos de ellos, y no menores, no aceptan el Tratado en su versión actual.

Lo único que previeron los firmantes del Tratado es que se revisará la situación en noviembre de 2006 si para entonces «cuatro quintas» partes de los estados lo han ratificado y «uno o varios» han tropezado con dificultades. Esto significa que, si seis países dijeran que «no», la Constitución podría considerarse definitivamente muerta. El Parlamento Europeo celebrará la próxima semana en Estrasburgo (Francia) un debate extraordinario centrado en la crisis abierta. La conferencia de presidentes de todos los grupos políticos tomó ayer esta decisión.

Si el texto ha de cambiar, para contentar a franceses y holandeses, ¿qué sentido tiene someterlo a ratificación en el resto de los países? Los tres presidentes de las instituciones comunitarias, el luxemburgués Jean-Claude Juncker (Consejo), el portugués José Manuel Durao Barroso (Comisión) y el español Josep Borrell (Parlamento) han vuelto a insistir en que el proceso debe continuar. Lo cierto es que decidieron debatir qué salidas se encuentran para superar la crisis. De momento no se vislumbra ninguna solución.

¿Nos habríamos planteado en Europa suspender el proceso, si los españoles hubiéramos dicho 'no' en lugar de 'sí'?, se preguntó Borrell en una comparecencia ante la prensa. La Constitución europea, como tratado internacional que es, no puede entrar en vigor si uno tan solo de los Veinticinco no la ratifica.