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PEDRO ALONSO-LONDRES
La Cámara de los Lores, máxima instancia judicial del Reino Unido, declaró ayer ilegal la polémica ley antiterrorista del Gobierno de Tony Blair, que permite la detención indefinida sin juicio de extranjeros sospechosos de terrorismo. La controvertida ley resulta «discriminatoria» y transgrede el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el veredicto mayoritario de ocho jueces de los Lores que fallaron en contra de la legislación, frente a uno que se manifestó a favor.

Lord Thomas Bingham, cabeza del panel de jueces, explicó que la ley contraviene la Convención Europea porque «permite la detención de sospechosos internacionales de terrorismo de una manera que discrimina en materia de nacionalidad o estatus de inmigración». Más crítico, el juez Lord Leonard Hoffmann afirmó que «la verdadera amenaza para la vida de una nación, en el sentido de la gente viviendo de acuerdo con sus valores políticos y sus leyes tradicionales, no viene del terrorismo, sino de leyes como éstas».

Los magistrados emitieron su dictamen en respuesta a la apelación de nueve ciudadanos foráneos musulmanes que llevan recluidos más de tres años en cárceles de este país, bajo sospecha de delitos de terrorismo y sin un proceso judicial. La decisión supone un duro varapalo para la política antiterrorista del Gobierno del primer ministro, Tony Blair y, en particular, para el ex titular de Interior David Blunkett, quien dimitió este miércoles y fue el gran valedor de la polémica ley.

La llamada Ley Antiterrorista, de Crimen y de Seguridad fue introducida por Blunkett como reacción a los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, en el marco de la guerra internacional contra el terrorismo. Desde la comisión de esos ataques, diecisiete hombres han sido detenidos en virtud de la ley, que permite a la policía arrestar a extranjeros si existen «motivos razonables para sospechar» que tienen vínculos con grupos terroristas.

Tras conocerse el fallo, el nuevo ministro del Interior, Charles Clarke, indicó que el futuro de la ley depende ahora del Parlamento, toda vez que los nueve detenidos seguirán, de momento, encarcelados. «Será en última instancia el Parlamento el que decida si y cómo deberíamos enmendar la ley», señaló Clarke, al subrayar que los sospechosos continuarán en prisión porque hay «razones para creer que son una amenaza importante para nuestra seguridad».

Amnistía Internacional afirmó ayer que la decisión de la Cámara de los Lores llega «con tres años de retraso». «Ya nada puede remediar que varias personas hayan permanecido detenidas sin cargos ni juicio, principalmente a partir de pruebas secretas, durante tres años», añadió.