Seguidores de Al Sadr toman posiciones durante una incursión de EE UU en Nayaf.

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La medida, que alcanza también a los convictos de narcotráfico, fue anunciada por el ministro de Estado, Adnan Al Janabi, al día siguiente de que el Gobierno declarara una amnistía limitada que excluye los delitos de sangre.

La pena de muerte y la amnistía forman parte de la estrategia que ha adoptado el Gobierno del primer ministro interino, Iyad Alaui, con el propósito de acabar también con la criminalidad, incluido el secuestro de personas.

«Tenemos antes nosotros la dura tarea de mantener la seguridad y la estabilidad de este país, combatir el terrorismo y el crimen organizado», manifestó el ministro de Estado.

El anuncio de la reintroducción de la pena capital coincidió con la emisión por parte del canal de televisión árabe «Al Arabiya» de una filmación en la que un grupo autodenominado Ejército Islámico en Irak se atribuía el secuestro del cónsul iraní en Bagdad.

Según los secuestradores, el cónsul iraní a quien identificaron como Fereidoun Jahami, fue capturado en Kerbala en poder de documentos que evidenciaban que su misión era de la fomentar la inestabilidad en esa ciudad situada a unos cien kilómetros al sur de la capital iraquí.

Este mismo grupo fue el que secuestro el pasado 4 de julio al ciudadano filipino Angelo de la Cruz, a quien liberó el 22 de ese mismo mes después de Filipinas retirara de Irak a su contingente de 54 soldados, a raíz de la amenaza de ejecutarlo.

La pena de muerte fue suspendida el pasado año por el antiguo administrador civil de Irak, el estadounidense Paul Bremer, tras la caída en abril de Sadam Husein, e instaurada el 30 de junio, horas después del traspaso de poderes al Gobierno interino.