Colombia vive a partir de ayer, y al menos durante noventa días,
bajo el estado de conmoción interior, declarado por el presidente,
Alvaro Uribe Vélez, tras un largo consejo de ministros. Esta
declaración fue justificada como medida urgente para preservar la
seguridad del país y frenar la escalada terrorista de la guerrilla
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El
ministro del Interior y Justicia, Luis Fernando Londoño Hoyos,
habló de «momentos excepcionales» por los que pasa Colombia, con
una situación de «terror» provocada por «grupos armados cada vez
con mayor capacidad destructiva».
El «estado de conmoción interior», o más conocido como estado de
excepción, que restringe algunas libertades y por el que el
Gobierno puede suspender algunas leyes, se declara cuando se
presenta una «grave perturbación de orden público», que «atente
contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la
convivencia ciudadana». Los decretos relacionados con esta medida
excepcional sólo pueden referirse a materias directamente
relacionadas con la situación que determinó su declaración, no
podrán suspender los derechos humanos ni las libertades
fundamentales, y respetarán también el Derecho Internacional
Humanitario.
Entre las facultades que otorga al Gobierno esta situación está
la de limitar los movimientos de las personas, controlar la radio y
la televisión y someter a permiso previo o limitar la celebración
de reuniones y manifestaciones. También podrá interceptar y
registrar comunicaciones, con orden judicial, o disponer la
detención preventiva de personas, asimismo con orden judicial. La
primera medida decretada en el «estado de conmoción interior» ha
sido el «impuesto al patrimonio», en el que se cobrará el 1'2 por
ciento a todos los colombianos con un patrimonio líquido declarado
igual o superior a 150 millones de pesos (unos 57.000 dólares). Con
este impuesto, el Gobierno espera recaudar dos mil millones de
pesos (unos 778 millones de dólares), con los que no sólo podrá
fortalecer los organismos de seguridad sino fomentar el crecimiento
económico y el empleo durante los dos próximos años.
La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, indicó que tanto el
«estado de conmoción interior» como el nuevo impuesto fortalecerán
sobre todo a los organismos de seguridad con nuevos agentes de la
policía, y la formación de dos brigadas móviles del Ejército. El
Gobierno de Colombia ha prometido «resultados contundentes» con el
recién decretado estado de «conmoción interior».
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