EfeWashington11/08/02 0:00
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El Gobierno de EE UU ha amenazado con retirar su ayuda militar a los países que se unan al Tribunal Penal Internacional (TPI) sin comprometerse a no extraditar a «cascos azules» estadounidenses, informó ayer «The New York Times». El diario aseguró que la amenaza no afecta a los más cercanos aliados de Estados Unidos, entre ellos las naciones que forman parte de la OTAN, Israel, Egipto, Australia, Japón y Corea del Sur. El Gobierno de George W. Bush se opone a que sus ciudadanos puedan ser acusados ante el Tribunal Penal Internacional y en julio pasado consiguió que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase una resolución que ofrece a sus soldados un año de exención antes de ser juzgados por esa Corte.

Washington había amenazado con retirar su apoyo a las misiones de paz de la ONU si no se concedía inmunidad a sus «cascos azules». Según señaló ayer «The New York Times», la prohibición de ayuda militar a los países extranjeros incluye educación, entrenamiento y asistencia financiera para la compra de equipos y armamentos. Rumanía e Israel ya han firmado acuerdos en los que se comprometen a no extraditar a tropas estadounidenses que sirvan en sus países para que sean juzgadas ante la Corte internacional, agregó el periódico.

Philip Reeker, portavoz del Departamento de Estado, señaló ayer, por su parte, que se están negociando acuerdos con diversos países extranjeros por el temor a que «los ciudadanos estadounidenses se vean afectados por situaciones políticas». El argumento del Gobierno estadounidense es que el TPI pondría en una situación de riesgo a los funcionarios y militares de EEUU que participan en misiones internacionales en todo el mundo, porque podrían ser objeto de denuncias «por razones políticas». Hasta el momento 76 países han ratificado su reconocimiento del Tribunal Penal Internacional, entre los que no se encuentra Estados Unidos.

La creación del TPI, promovida por la Unión Europea (UE) y Canadá, fue sancionada en 1998 con 120 votos a favor y siete en contra, los de China, Estados Unidos, Israel, Libia, Irak, Qatar y Yemen. Su cometido será enjuiciar, de forma complementaria a los tribunales nacionales, los crímenes de genocidio, agresión, guerra y lesa humanidad que cometan desde jefes de Estado hasta ciudadanos comunes, una vez entre en funcionamiento.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, insistió ayer en la fortaleza de la primera economía del mundo, aunque admitió que los escándalos empresariales y los atentados terroristas han planteado serios retos. «Pero la gran fortaleza de Estados Unidos es más que suficiente para afrontar sus desafíos», dijo Bush en su mensaje semanal por radio a la nación, grabado en su rancho de Crawford (Texas), donde pasa casi un mes de vacaciones. El mandatario norteamericano afirmó que los retos actuales de la economía están originados por «una recesión que comenzaba cuando asumí la Presidencia, los atentados terroristas del 11 de septiembre y los escándalos corporativos que se han divulgado recientemente».