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La Oficina de Contabilidad General, brazo investigador del Congreso de EE UU, demandó ayer judicialmente al vicepresidente Richard Cheney para que la Casa Blanca haga públicos los nombres de los ejecutivos de la industria petrolera que asesoraron al Gobierno sobre la política energética. La administración del presidente George W. Bush ha prometido que resistirá los requerimientos de información con el argumento de que el Poder Ejecutivo tiene derecho, y necesidad, de obtener el asesoramiento de todos los sectores sin el escrutinio público.

La oficina de investigación del Congreso, conocida por su siglas en inglés GAO, había pedido los documentos en respuesta a peticiones de los representantes demócratas Henry Waxman, de California, y John Dingel, de Michigan, quienes sostienen que las empresas privadas influyeron en el plan energético del Gobierno de George W. Bush.

Según los legisladores, hay 17 directrices de la política energética de Bush que fueron promovidas por la firma Enron, o que la beneficiaban. Por su parte, varios grupos defensores del ambiente sostienen que el equipo de trabajo de la Casa Blanca sobre energía prácticamente los mantuvo al margen de las discusiones, y que el plan energético elaborado hace casi un año no se ocupó de la manera que ellos deseaban los aspectos de conservación.

La GAO pidió a la Casa Blanca que entregara una lista de las personas que participaron en las reuniones del equipo de trabajo de la administración sobre Energía, pero Cheney se negó, con el alegato de que la oficina legislativa no tiene atribuciones para inmiscuirse en el funcionamiento del Poder Ejecutivo.