La Comisión Europea adoptó ayer el primer proyecto legal común de
lucha contra el terrorismo internacional en la UE, que incluye la
creación de una orden europea de busca y captura destinada a
reemplazar los procedimientos tradicionales de extradición y un
abanico de sanciones para los terroristas. El paquete de medidas
comprende una lista detallada de sanciones penales para los autores
de actos terroristas y una definición común de acto terrorista en
la UE.
La propuesta comunitaria para la instauración de una orden
europea de busca y captura pretende sustituir los procedimientos
tradicionales de extradición por un sistema de entrega entre las
autoridades judiciales de los diferentes países de la Unión. La
iniciativa reposa en el principio del reconocimiento mutuo de
decisiones judiciales y se convierte en la «piedra angular» de la
cooperación judicial entre los Quince, como pidieron los líderes de
la Unión en Tampere (octubre de 1999), según explicó el portavoz
del comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino.
La propuesta de la Comisión establece la entrega en un plazo
máximo de 90 días y el reconocimiento inmediato en toda la UE de la
demanda de entrega dictada por jueces «ad hoc» de un país de la
Unión. El juez del país solicitado dispondrá de 30 días para
verificar si el magistrado del Estado demandante ha tramitado la
orden en conformidad con las definiciones comunes y si se justifica
ese mandato. La euro-orden será válida no sólo para los delitos de
terrorismo, sino para la criminalidad transfronteriza en general.
Cuando la autoridad judicial de un estado pida la entrega de una
persona cuyo delito es susceptible de ser sancionado con una pena
superior a cuatro meses, su decisión debe ser reconocida y
ejecutada en todo el territorio de la UE.
Las iniciativas adoptadas ayer por el colegio de comisarios
europeos en materia de terrorismo y crimen organizado serán
sometidas hoy, jueves, a los ministros de Justicia e Interior de la
UE, quienes planean aprobar la activación de una «célula
antiterrorista europea» en el seno de Europol e impulsar medidas de
lucha contra la financiación del terrorismo, así como reforzar la
cooperación con EE UU en la batalla contra ese fenómeno. El Consejo
examinará una propuesta de España, Portugal y la presidencia belga
para crear «inmediatamente» equipos conjuntos de investigación
antiterrorista integrados por magistrados y policías.
El Consejo llamará a todos los estados miembros que no lo hayan
hecho aún a dotarse de medios jurídicos para luchar contra la
financiación del terrorismo. También podría ampliar a los actos
terroristas la decisión que adoptará en diciembre próximo sobre la
congelación de activos y pruebas de movimientos de fondos de
sospechosos.
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