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EFE-BUENOS AIRES/MADRID Los argentinos fueron convocados ayer a no comprar productos y servicios de empresas españolas con actividades en el país como forma de protestar por la crisis que atraviesa la compañía Aerolíneas Argentinas. La jornada de protesta y boicot contra las compañías de capitales españoles fue organizada ayer, fecha en que Argentina celebra el «Día de la Bandera», por el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), el sindicato más radicalizado, liderado por Hugo Moyano.

La actividad principal de la jornada consistió en una campaña de difusión de la medida montada en la calle peatonal Florida, del centro de la capital argentina. El llamamiento a los argentinos para boicotear las compañías de capitales españoles es en protesta por la crisis que vive Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea de bandera argentina controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de España. Según justificó el MTA, «España se lleva mucho dinero, fruto del trabajo de los argentinos, como para no hacer la inversión necesaria para que Aerolíneas vuelva a estar como debe».

El sindicalista aseguró que las compañías de capitales españoles, principalmente la petrolera Repsol YPF y la empresa de telecomunicaciones Telefónica, «están muy nerviosas y con temor porque el impacto espontáneo que ya está teniendo el boicot». Esa apreciación, sin embargo, contrasta con versiones de las empresas aludidas, que sostienen que no han advertido señales que indiquen que ha tenido frutos el boicot que promueve el sindicato liderado por Moyano.

Por su parte, el ministro de Exteriores español, Josep Piqué, pidió ayer un esfuerzo de pedagogía «por parte de todos» para separar claramente ante la opinión pública argentina un problema estrictamente empresarial del mantenimiento de una relación «que sin ninguna duda queremos que siga siendo preferente».

El titular de Exteriores reconoció la generación de «cierto clima de antiespañolismo» asociado al problema de Aerolíneas en ciertos gremios y medios de comunicación argentinos y afirmó que se trata de evitar que llegue a afectar al conjunto de la opinión pública Argentina y a la relación entre dos países «que tienen entre si una relación preferente». Mientras, el Gobierno argentino y sectores de la Iglesia Católica coincidieron ayer en que pueden existir «grupos radicalizados» o «infiltrados» en las protestas y enfrentamientos ocurridos en la norteña provincia de Salta y que ayer continuaron.