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El Gobierno francés presentó ayer al Parlamento un dispositivo de enmiendas al proyecto de ley sobre la «modernización social» para poner restricciones a los despidos económicos, en particular a las empresas con beneficios, tras el 'shock' causado por los planes sociales de Danone y Marks & Spencer.

La ministra francesa de Empleo y Solidaridad, la socialista Elisabeth Guigou, encargada de anunciar el dispositivo, destacó como medida emblemática «la creación del derecho a un periodo de recolocación» de los trabajadores despedidos por empresas de más de 1.000 empleados, durante el que se mantendría vigente el contrato con la compañía que suprime su puesto laboral.

Para el conjunto de las empresas, además de las obligaciones actuales, los directivos tendrán que hacer «un balance de competencias y de orientación» de cada trabajador antes de despedirlo. Guigou propuso doblar la indemnización mínima por despido, que actualmente es de una décima parte del salario mensual por cada año de antigüedad.

La ministra defendió un aumento de la contribución de las empresas que despiden a trabajadores de más de 50 años, que les será devuelta cuando consigan la recolocación de los empleados. En esa misma línea, sugirió que, «a más largo plazo» y «si los interlocutores sociales se muestran favorables», la contribución patronal de las compañías se module en función de la frecuencia con la que éstas recurren al despido.

Para hacer frente a los efectos sobre el empleo en una región por el cierre de empresas, el Ejecutivo prevé en sus enmiendas que «a las mayores empresas se les impongan obligaciones en materia de reindustrialización», bien por una aportación financiera, bien con la ayuda a la creación de nuevas actividades.