José María Aznar se reunió con el ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo.

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Argentina define las medidas que implantará en un futuro para salir cuanto antes de la crisis económica. Mientras que el ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, negaba en Madrid que su país vaya a pedir más ayuda internacional, la Cámara de Diputados argentina aprobaba ayer otorgar 'en general' al Gobierno de Fernando de la Rúa los 'superpoderes' con los que Cavallo pretende salir del período de 33 meses de depresión económica que vive el país a golpe de decreto.

Domingo Cavallo aseguró ayer que Argentina no necesita apoyo financiero «por lo que no pedirá una ampliación de la ayuda financiera internacional, ya que el programa económico argentino se está cumpliendo». «No necesitamos más apoyo financiero, pues a Argentina le sobran los recursos, lo que sí que quiere el Gobierno de Fernando de la Rúa es recuperar la confianza de los inversores directos que quieren asociarse a esta nueva etapa que vive Argentina», aseveró Cavallo.

Cavallo, quien se encontraba ayer en España invitado por Casa de América para tomar parte en la conferencia 'Argentina frente al nuevo milenio', dentro del ciclo 'Iberoamérica: Discursos Claves', viajó acompañado del secretario de Finanzas, Daniel Marx, y de Ricardo Inzúa, quien podría ser designado en breve secretario privado de Cavallo, según se baraja en varios medios argentinos. Aprovechando su estancia en España, el representante argentino mantuvo durante el día sendos encuentros con el presidente del Gobierno, José María Aznar, así como el viceministro segundo y ministro de Economía español, Rodrigo Rato.

El recién nombrado ministro de Economía de Argentina comentó que el Ejecutivo de De la Rúa «va a revertir la situación» y va a conseguir salir de la crisis «a través de la Ley de Competitividad». Cavallo llegó a la cartera económica tras la dimisión de Ricardo López Murphy, que se ganó la impopularidad en el país, en tan sólo dos semanas, al intentar solventar la situación mediante un paquete de medidas de ajuste que contemplaba recortes en los gastos sociales y administrativos por valor de unos 350.000 millones de pesetas en 2001.