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La acusación popular en el caso de los desaparecidos durante la dictadura militar argentina pidió ayer al juez Baltasar Garzón, que instruye esta causa en la Audiencia Nacional, que fije una indemnización de 562.500 millones de pesetas (más de 3.000 millones de dólares) en concepto de responsabilidad civil en la que deberán ser resarcidas las víctimas por parte de los 99 militares procesados en este caso. Según el escrito, de carácter orientativo, la fianza en concepto de indemnizaciones correspondería a los 10.000 casos de desapariciones forzosas acreditados en el sumario que instruye Garzón.