La fiscalía mexicana reconoció ayer que el proceso para extraditar
a España al ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo podría
durar más de un año en caso de que sus abogados interpongan un
juicio de amparo si el Gobierno confirma la decisión de
extradición. El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales
de la Fiscalía, Eduardo Ibarrola, afirmó que el detenido cuenta con
las garantías que le otorga la Constitución mexicana, y puede
presentar recursos de amparo contra el dictamen de las autoridades
judiciales mexicanas.
Las autoridades reconocieron que los abogados pueden recurrir a
un tribunal colegiado e incluso hasta la Suprema Corte de Justicia
del país en caso de que la Cancillería mexicana confirme la
decisión de extradición. La decisión del juez mexicano Jesús
Guadalupe Luna a favor de la extradición a España del ex militar
reconoce que ese país tiene jurisdicción supranacional para juzgar
a personas acusadas por delitos de genocidio y terrorismo de
cualquier país.
El juez Luna explicó ayer los razonamientos jurídicos que le
llevaron a esa conclusión y que tienen como sustento convenios
internacionales, tratados y la Constitución mexicana, documentos
que se dedicó a estudiar minuciosamente para poder argumentar el
fallo a favor de que procedía la extradición. Luna insistió en que
a él no le correspondía determinar si Cavallo es responsable de los
hechos de los que se le acusan, sino exclusivamente si existían
argumentos jurídicos que permitieran su extradición y si los
tribunales españoles estaban habilitados para juzgarle en su
territorio por delitos de lesa humanidad.
Ricardo Miguel Cavallo fue detenido el 24 de agosto pasado en el
balneario de Cancún, en el Caribe mexicano, después de que fuera
acusado de ser uno de los torturadores durante el régimen militar
argentino (1976-1983).
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