La UE se ha comprometido políticamente en una de sus metas más
ambiciosas, el espacio judicial común, que deberá vencer al igual
que lo hizo el euro o el mercado único el celo de las soberanías
nacionales. El Consejo Europeo de Tampere finalizó con la decisión
de que el espacio de libertad, seguridad y justicia figure entre
las máximas prioridades de su programa político.
Uno de los objetivos de mayor alcance que se fijaron fue el
reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. La mayoría de los
dirigentes reconoció que será un trabajo complejo, porque son
decisiones que afectan a la soberanía de los Estados y chocan con
las diferentes tradiciones judiciales nacionales. El Consejo
Europeo instó a los Estados miembros a que ratifiquen con celeridad
los Convenios de extradición de 1995 y 1996. El procedimiento
formal de extradición deberá suprimirse entre los Estados miembros,
en el caso de personas condenadas por sentencia firme que eluden la
justicia y sustituirse por el mero traslado de personas.
Los Quince acordaron avanzar hacia un sistema europeo de asilo,
basado en la plena aplicación de la Convención de Ginebra. Aunque
rechazaron mayoritariamente cualquier posibilidad de «reparto de
cuotas» de refugiados pedido por países como Alemania, Austria o
Holanda, sí aceptaron el principio de solidaridad financiera entre
ellos.
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