Los paquistaníes se levantaron ayer con una nueva dictadura militar
después de que el nuevo hombre fuerte del país, el general Pervez
Musharraf, se hiciera con el poder decretando el estado de
emergencia. En Islamabad, al igual que en las grandes ciudades del
país, el estado de emergencia fue acogido con calma por una
población sin duda cansada de la corrupción generalizada y
desenfrenada que reina en el país.
Por otra parte, la primera decisión de los militares fue el
anuncio de que el banco central de Pakistán había congelado las
cuentas bancarias de Nawar Sharif, de los ex ministros así como de
todos los parlamentarios federales o provinciales y de sus esposas.
«Mucha gente no quiere la restauración del Parlamento, que habría
significado el regreso a las mismas viejas figuras responsables del
actual caos en Pakistán», afirmó Jalid Mahmud, un médico de Multan,
ciudad de la provincia del Penjab (centro).
Pero «es la ley marcial sin decirlo», declaró por su parte I.A
Rehman, un responsable de una organización de defensa de los
Derechos Humanos, que hacía referencia a la dictadura del general
Mohamed Zia ul-Haq, que impuso la ley marcial en Pakistán de 1977 a
1985. Entre los partidos políticos, las primeras reacciones
proceden de la oposición, mientras la Liga Musulmana paquistaní de
Sharif, todavía detenido, no ha hecho comentarios oficiales.
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