El mayor crucero del mundo, el ‘Wonder of the Seas’, atracado en el puerto de Palma. | Jaume Morey

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El GOB propone cobrar un nuevo impuesto destinado a gravar las emisiones contaminantes de los cruceros que atracan en Baleares, como ya existe en Catalunya. «Tienen un consumo de combustible, agua y recursos extraordinario y un impacto socioambiental; bajo la premisa de quien contamina paga, los cruceros tendría que pagar una tasa turística elevada», según la entidad ecologista, que este lunes ha presentado un extenso documento de propuestas electorales con el objetivo de que los partidos políticos las incluyan en sus programas.

Los turistas que viajan en crucero y hacen escala en las Islas ya pagan el Impuesto de Turismo Sostenible, conocido como ecotasa, pero el GOB propone gravar las emisiones que producen las compañías navieras. Cabe recordar que el barco más contaminante que visita Mallorca es un crucero y emite igual que 19.000 coches, como adelantó este diario.

En esta línea, los ecologistas quieren que se haga lo mismo con las empresas turísticas de alquiler de coches y barcos, entre otras actividades que tengan un impacto sobre el territorio, a fin de impulsar una fiscalidad ecológica que en otros países está más desarrollada. También piden lo mismo contra las canteras, las centrales y los aviones.

Asimismo, el GOB propone un impuesto para los grandes consumidores de agua, como los grandes hoteles y los campos de golf, pero también que haya beneficios fiscales para las explotaciones agrícolas ecológicas y la recuperación de cultivos y tierras, o de ganado y pesca. Lo mismo requieren para las empresas que ahorren más energía y agua mediante contratos con operadores ecológicos y socialmente justos.

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El documento va mucho más allá de estas propuestas y, por ejemplo, en materia territorial, pide revisar en profundidad todos los instrumentos de ordenación para parar el crecimiento urbanístico en las Islas. Para ello, el GOB también sugiere otras medidas como prohibir la compraventa de casas o terrenos a no residentes sin acreditar un mínimo de cinco años de residencia o limitar el número de inmobiliarias por barrios y calles, como se hace con las casas de juego con el fin de controlar el volumen de negocio «urbanístico-especulativo» y prohibir su publicidad.

No construir más carreteras, ni ampliar aeropuertos y puertos, acabar con la «amnistía» que permite conceder licencias a urbanizaciones sin alcantarillado o la retirada progresiva de infraestructuras que ocupan la primera línea de mar y que estarán afectadas por la subida del nivel del mar son otras de las propuestas del documento.

Otras sugerencias que hacen a los partidos son las de continuar ampliando las zonas protegidas para preservar la biodiversidad natural, pero piden que esto vaya acompañador de un incremento del número de Agents de Medi Ambient que vigilan las reservas marinas y el territorio.

El GOB aspira a que se impulse un mayor control legislativo que prohíba las excursiones comerciales de vehículos motorizados por zonas naturales y rurales, así como lo mismo para las actividades náuticas deportivas a motor en parques naturales y reservas marinas. La educación ambiental es otro aspecto que la organización ecologista considera imprescindible, lo que también pasa por formar al profesorado en materia de crisis climática y ambiental.