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El candidato de Veus Progressistes al Congreso, Guillem Balboa, ha reclamado este viernes mejorar la financiación de la Ley de Dependencia y «garantizar mínimos» por parte del Estado.

Así se ha expresado Balboa en una rueda de prensa en la que la coalición ha presentado sus propuestas en materia de dependencia, como un plan de financiación para residencias, centros de día y equipamientos que «ahora mismo recaen sobre la administración autonómica y los municipios».

La coalición entiende que el Estado «debe comprometerse de una vez por todas y asumir la mitad de los costes de la Ley de Dependencia», una Ley estatal.

En el caso de Baleares, según Veus Progressistes, el Estado «se ha ahorrado 57 millones de euros que le tocaría pagar y que ha asumido la ciudadanía» de las Islas. Por ello, Balboa ha insistido en que el Estado debe asumir el peso del desarrollo de la Ley, «un derecho de las personas dependientes» y evitar que recaiga por completo sobre el Govern.

Por ello, la coalición propone un plan de financiación estatal para equipamientos y nuevos programas de servicios, recuperar los niveles acordados y llegar a unos mínimos de manera «que la administración central pague el 50 por ciento de cada servicio o de las ayudas».

Por su parte, la candidata al Senado, Rosa Cursach, ha resaltado el perfil «feminizado» del sector de la dependencia, ya que más del 70 por ciento de las cuidadoras, ya sea en residencias o en hogares «son mujeres».

Por ello, Cursach -que también es directora del Instituto Balear de la Mujer (IbDona)- ha alertado de que «a quien más afectan los recortes son las mujeres» y la infrafinanciación en este ámbito «es una clara discriminación de género».

En el acto también ha intervenido la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, que ha explicado que del coste de una plaza de 2.000 euros, el Estado aporta 190 euros, el Govern 1.210 y los usuarios 600 euros.

Santiago ha lamentado que la Ley de Dependencia recaiga en las Comunidades Autónomas pese a tratarse de una norma estatal. «Es una buena ley, pero muy mal financiada por parte del Gobierno, y esto debe cambiar», ha protestado.